La familia Bada logró la venia de sus acreedores para la reorganización judicial de sus empresas Supermercados Montserrat e Inmobiliaria Santander (ISSA). Frente a un complejo escenario financiero, el clan cerró sus tiendas en julio del año pasado (varios ya fueron arrendados a otras empresas del rubro), pero mantiene millonarias deudas con una serie de acreedores. Los pasivos de ambas compañías suman US$ 198 millones.

El 2 de noviembre, los acreedores de Montserrat (entre los que se cuentan Tanner, Banco de Chile y Enel, además de 106 proveedores) aprobaron el plan de reorganización, con el respaldo del 100% de los acreedores garantizados y el 97% de los valistas.

Un día después, los acreedores de la inmobiliaria Santander (Tanner, los bancos BTG Pactual, De Chile, Santander y BCI, además de Rendic Hermanos y 18 proveedores) aprobaron la reorganización con el 100% de los acreedores garantizados y el 99% de los valistas.

Ambos procesos fueron llevados por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores, y se aprobó la fusión de Monserrat con la Inmobiliaria Santander, que es la propietaria de todos los locales comerciales donde funcionó la cadena de supermercados, que llegó a tener más de 30 tiendas.

“Las sociedades Montserrat y Santander son empresas relacionadas e íntimamente conexas, donde la primera desarrollaba el giro de supermercado y la segunda realizaba las inversiones inmobiliarias requeridas para el montaje de cada uno de los locales explotados por Montserrat. Debido a lo anterior, éstas comparten acreedores financieros, avales, codeudas solidarias y garantías hipotecarias”, dijo la inmobiliaria en su solicitud de reorganización.

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La oferta que se planteó a los acreedores fue la venta ordenada, por parte del interventor (Enrique Ortiz) y la comisión de acreedores, de todos los bienes inmuebles actualmente de propiedad de ISSA (los locales comerciales), una vez que se produzca la fusión con la ex supermercadista.

Luego, el plan aprobado apunta a que se pagará el 100% de los créditos, de ambas compañías, con el producto de la venta ordenada de los bienes de la empresa fusionada.

Adicionalmente, se facultó a la compañía que resultará de la fusión para obtener un crédito especial de a lo menos $ 16.000 millones, para pagar a los trabajadores y la deuda fiscal.

Los activos

Según la documentación presentada por la administración de Inmobiliaria Santander a la justicia, sus activos superan los $ 295.953 millones, equivalente a US$ 318 millones.

Entre las propiedades de la empresa figuran 38 locales, los que, según la compañía, suman un valor comercial de $ 192.774 millones. El más caro es el ubicado en Av. Américo Vespucio 7500, La Florida, con una valorización de $ 25.560 millones.

Otros de los inmuebles con mayor valor son los ubicados en la calle Presidente Eduardo Frei Montalva 4475, Conchalí ($ 12.967 millones), en la Carretera General José San Martín N°68, Colina ($ 12.925 millones), y en Av. Las Condes 9350 ($ 10.480 millones).

Según el plan aprobado, la Comisión de Acreedores determinará soberanamente el o los procedimientos de venta de los distintos activos, plazos, etapas, fases, exigencias, garantías de seriedad, mínimos y su reducción eventual, si correspondiere, y todas las demás condiciones necesarias para materializar la enajenación.

Además, quedó estipulado que, en la venta, transferencia o enajenación de inmuebles de propiedad de la empresa fusionada que se encuentren arrendados, y cuyos contratos de alquiler hayan sido celebrados con anterioridad a la resolución de reorganización, deberá incluirse la obligación para el tercero adquirente, de respetar incondicionalmente, asumir como propios y cumplir los contratos de arrendamiento suscritos sobre tales propiedades, bajo los mismos términos y condiciones pactadas y vigentes.

También se definió que, en caso que el interventor concursal reciba una o más ofertas de compra de alguno de los activos, la pondrá en conocimiento de la Comisión de Acreedores, e informará acerca de la conveniencia de la o las ofertas, en cuanto precio de venta y modalidad de pago. Este informe no será vinculante para la mencionada instancia, según se precisó.